Con el caso YPF aún fresco, Argentina recibió este miércoles un nuevo fallo desfavorable en la justicia internacional. Esta vez por la High Court de Londres, que determinó que el país debe pagar 1.330 millones de euros por incumplimiento en los pagos de bonos vinculados al crecimiento económico emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010, el famoso “Cupones PIB”. Esta es una interpretación técnica de una cláusula en el contrato, pero No acusan al Estado de actuar de mala fe. Argentina apelará el fallo.
En enero de 2005 y abril de 2010, la República lanzó canjes de deuda voluntarios que juntos representaron la reestructuración de deuda soberana más grande de la historia. Entre los bonos ofrecidos a cambio, muchos fueron con pagos atados a la evolución del PIB. El fondos buitre Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC Reclaman el pago de uno de esos bonos, que tienen vigencia hasta 2035 bajo la ley inglesa.
Particularmente reclaman para el año 2013, porque afirman que la tasa de crecimiento de 2,96 por ciento que verificó el INDEC para ese año y que no supera el 3,2 por ciento que activaría el pago, es mal calculado. Se enfocan en 2013 porque fue a partir de que Argentina, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales de cambiar el año base para el cálculo estadístico cada diez años, modificó el año base de 1993 a 2004.
Según los demandantes y ahora la corte británica, este cambio tuvo un impacto en las cifras iniciales de crecimiento que detonaron el pago del cupón anualmente. Según el contrato, los primeros años Argentina tenía que crecer más del 4 por ciento para activar el pago. Desde 2013 el crecimiento tenía que ser superior al 3,2 por ciento y, desde 2015 y hasta 2035, Argentina debe pagar si el crecimiento del PIB supera el 3 por ciento. Para los buitres, estas cifras debían cambiar con el mismo criterio del año base.
La justicia británica dio el derecho a los buitres en la interpretación de la cláusula contractual, aunque no dio lugar a la acusación de que Argentina hizo ese cálculo de mala fe: “He llegado a la conclusión de que no es necesario examinar este caso alternativo (es decir, que Argentina haya cambiado el año base para no pagar el cupón), pero que no sería conveniente hacerlo, dado que la gravedad de las acusaciones que conlleva y dado que estas acusaciones van dirigidas contra un Estado soberano, en consecuencia, no diré nada más sobre este supuesto alternativo”, dice el juez en la sentencia. El detalle no es menor dadas las implicaciones políticas y penales que podría tener un juez londinense acusando a exfuncionarios del Gobierno de haber manipulado las estadísticas para no pagar la deuda.
Es que el país explica que el año base se cambió en 2014 por un criterio estrictamente estadístico -organismos internacionales recomiendan que se cambie cada diez años y ya habían pasado veinte años de 1993 a 2013- y precisa que en ninguna parte del contrato se la obligación de seguir computando el año base anterior para respetar la serie hasta 2035.
El juez Simon Picken de la Corte de Londres aceptó la interpretación de los demandantes sobre cómo debe aplicarse la cláusula de ajuste, y ordenó el pago de 1.330 millones de euros que deben actualizarse al tipo Euribor más un 2 por ciento, una tasa muy inferior a la que reclaman los demandantes. . El Estado argentino apelará.
alerta de buitre
Los demandantes en la corte británica son los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Grupo Hirsh LLC. Todos están ubicados en paraísos fiscales: los tres primeros en Islas Caimán y Hirsh Group en Delaware, Estados Unidos. HBK es uno de los cuarenta fondos privados más grandes del mundo, con más de $20 mil millones en activos. Debido a su presentación, que no requiere regulación alguna, no se tiene información sobre su cartera de inversiones ni antecedentes en juicios similares. Poseen alrededor del 48 por ciento de los valores vinculados al euro emitidos por Argentina en 2005 y 2010.
El juicio comenzó a finales de octubre de 2022 en Londres. Entre los testigos de la República se encuentran ex funcionarios activos durante el período. En el fallo, el juez Pickens destaca particularmente la participación de Guillermo Nielsen, Secretario de Hacienda entre mayo de 2003 y noviembre de 2005; y Sebastián Katz, viceministro de Economía durante el período. Calificó a ambos testigos de “impresionantes” y aseguró que “no tiene ninguna duda de que hicieron todo lo posible para ayudar a la corte. Por parte de los fondos buitre, su único testigo fáctico fue Fausto Spotorno, economista jefe de Orlando J. Ferreres & Associates”. (“OJF”).
El país enfrenta otra demanda por el pago del cupón del PBI en los tribunales de Nueva York, que fue iniciada en 2019 por Aurelius Capital, uno de los buitres que había ganado la demanda contra el país derivada del default de 2001. Se le sumaron cuatro fondos más que demandan en total alrededor de 411 millones de dólares por el mismo motivo. El proceso lo lleva la jueza Loretta Preska, quien reemplaza desde 2017 a un personaje que se hizo muy conocido en Argentina en temporadas anteriores de esta longeva serie con fondos buitre, Thomas Griesa. Todavía se encuentra en la etapa de descubrimiento o presentación de pruebas y argumentos.
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